El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha dictado un auto en el que propone juzgar a siete personas, entre ellas el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por delitos de fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos agravado en relación con la compra de la sociedad brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II entre los años 2012 y 2014.
En el auto de pase a procedimiento abreviado que pone fin a la instrucción de esta pieza del ‘caso Lezo’, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 archiva la causa respecto de 14 personas.
Según el magistrado, la compra de Emissao se hizo a un sobreprecio indebido para que los investigados pudieran repartirse comisiones ilegales, todo ello bajo la permanente supervisión y vigilancia de Ignacio González, quien según el juez, fijaría las cuantías de las comisiones siendo la suya el doble que la de los demás.
“El proceso de compra de Emissao, desarrollado entre 2012 y 2014 estuvo plagado de ilicitudes y supuso una salida indebida de fondos públicos en perjuicio de la administración autonómica por un importe entre 6,4 y 9,6 millones de euros, debido al sobreprecio pagado por su adquisición”, explica el auto.
La resolución describe todo el proceso de adquisición de la mercantil brasileña en el que se cursaron distintas transferencias hechas por el ente público en cuentas radicadas en Suiza y Brasil, con comisiones que terminaron en distintas cuentas situadas en el extranjero a nombre de alguno de los investigados y sus sociedades interpuestas. El importe de dichas comisiones, de acuerdo con el auto, fue, en el caso Ignacio González, 1,8 millones de dólares y en el caso de Edmundo Rodríguez, Diego Fernando García Arias, Ramón Navarro Pereira y Luis Vicente Moro Díaz, de 900.000 dólares para cada uno.