El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas han coincidido en la necesidad de prorrogar el plan de especialización de Juzgados en cláusulas abusivas ajustándolo a las necesidades concretas de cada órgano judicial. Transcurridos dos años y medio desde la puesta en marcha de esta medida, es posible determinar dónde será necesario prorrogar el plan durante un año más y dónde durante seis meses. Representantes de las mencionadas instituciones han mantenido hoy en la sede del CGPJ un encuentro presidido por el presidente del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes.
El plan de especialización de Juzgados en cláusulas abusivas se puso en marcha el 1 de junio de 2017 con la finalidad de hacer frente a la gran cantidad de demandas presentadas en relación, entre otros asuntos, con cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.
Desde este momento y hasta final de año, el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas intensificarán la frecuencia de sus contactos con el fin de determinar las necesidades concretas de cada territorio y las medidas que será necesario adoptar en cada caso.
Durante la reunión, se han puesto sobre la mesa los datos estadísticos que reflejan el funcionamiento de los 54 juzgados de primera instancia o de primera instancia e instrucción que, desde la entrada en funcionamiento del plan de especialización, se dedican de forma exclusiva a conocer de las demandas sobre cláusulas abusivas; y también los datos relativos a las secciones civiles-mercantiles de las audiencias provinciales, encargadas del enjuiciamiento.
Medidas en juzgados y audiencias provinciales
En la actualidad, además de los titulares de esos 54 órganos judiciales, otros 106 jueces prestan servicio en los juzgados especializados de acuerdo con las medidas de apoyo y refuerzo aprobadas por el Consejo General del Poder Judicial. El despliegue de estas medidas ha sido necesario en todas las Comunidades Autónomas menos La Rioja.
En cuanto a las secciones civiles-mercantiles de las audiencias provinciales, a las que ya han llegado una gran cantidad de asuntos para su enjuiciamiento, cuentan, junto con sus titulares, con el apoyo de más de medio centenar de magistrados comisionados en funciones de refuerzo.
A los planes de refuerzo judicial se añaden las medidas puestas en marcha por el Ministerio de Justicia y por las Comunidades Autónomas, que han dotado a los juzgados especializados de los medios personales (letrados de la administración de justicia y funcionarios) y materiales necesarios.
Descenso de la pendencia
De acuerdo con los datos correspondientes al segundo trimestre de este año, a 30 de junio de 2019 el volumen de asuntos pendientes de resolución en los Juzgados especializados era un 2,25 por ciento más bajo que al finalizar el primer trimestre (31 de marzo). Se trata de la primera mejora de las cifras de pendencia desde la puesta en marcha del plan de especialización.
También ha mejorado prácticamente en todos los territorios la tasa de resolución de asuntos -cociente entre el número de asuntos resueltos y el de asuntos ingresados en un determinado periodo-, un dato que permite conocer la capacidad de resolución del órgano judicial en relación con el volumen de entrada de nuevas demandas.
En el segundo trimestre del año, la tasa de resolución a nivel nacional ha sido del 118,4 por ciento, lo que ha supuesto una sensible mejora respecto al primer trimestre, en el que fue del 82 por ciento. Si se tienen en cuenta los datos correspondientes a los dos años trascurridos desde la puesta en marcha del plan hasta el 30 de junio de 2019, la tasa nacional es del 41,3 por ciento, lo que significa que hasta esa fecha se resolvieron casi la mitad de todas las demandas ingresadas.
Por territorios, la mejora es generalizada. En doce comunidades autónomas la tasa de resolución es superior al cien por cien, siendo especialmente positivos los datos de Aragón (234,6%) y Asturias (237,3%). Por encima de la media nacional del trimestre se han situado también Canarias (179,6%); La Rioja (160,3%); Castilla-La Mancha (150,4%); Galicia (142,4%); Extremadura (135,6%); Comunidad Valenciana (133,8%); Castilla y León (133,3%); Murcia (121,5%) y Cantabria (118,5%). Por debajo de la media nacional, si bien casi todas en mejor situación que en el primer trimestre, Andalucía (112,4%); Cataluña (97,9%); País Vasco (86,1%); Baleares (75,9%); Madrid (71,4%) y Navarra (61,8%).